Historia del Feminismo en España IV: La prostitución durante el franquismo

El abolicionismo de la prostitución empezó a cobrar fuerza en el feminismo inglés en la segunda mitad del siglo XIX, y en España empezó a ser importante en los discursos de los partidos y de las asociaciones feministas en la década de 1920.

En 1935, la Segunda República aprobó un decreto en el que se abolía la prostitución. Sin embargo, esta ley contenía muchos aspectos que eran más regulacionistas que abolicionistas, así que fue rechazada por algunos partidos de izquierdas y grupos feministas.

En realidad, la experiencia abolicionista más interesante de todo este periodo la pusieron en marcha las anarcosindicalistas de la organización Mujeres Libres, con sus “liberatorios de prostitución”, que mencionamos la semana pasada. Estos liberatorios eran locales donde se alojaba, se daba tratamiento médico y psicológico y se intentaba capacitar profesionalmente a las mujeres que quisieran abandonar la prostitución.

Pero el franquismo, amigas, puso fin a cualquier evolución en sentido abolicionista. En 1941 anuló el decreto de la II República, volviendo a legalizar la prostitución. Al mismo tiempo, la ideología nacionalcatólica y moralizante de la dictadura, con la influencia crucial de la Iglesia, se dedicaría a demonizar la prostitución y sobre todo a las prostitutas.  La doble moral es evidente: corto cualquier proceso abolicionista pero echó pestes de las mujeres prostituidas.

En la posguerra la prostitución se disparó, convirtiéndose en un problema social y sanitario, debido a las enfermedades de transmisión sexual. La dictadura, a pesar de haber legalizado la prostitución, intentó vincular el aumento de mujeres prostituidas con la República, culpándola de la degradación moral de la sociedad. 

Esto se lo creería quien se lo quisiera creer, claro: la causa real de ese aumento fue la guerra civil, la represión y era la nefasta gestión económica autárquica de la dictadura. La miseria, las familias republicanas desestructuradas, con madres y padres llenando las cunetas y las cárceles… empujaron a muchas mujeres muy jóvenes a la prostitución.

A la prostitución regulada por el Estado se sumaba la clandestina, muy extendida, y que se llevaba a cabo en todo tipo de lugares: trastiendas de bares, de peluquerías, de ultramarinos… También en casas particulares donde familias que pasaban por estrecheces alquilaban una habitación para este uso. 

Sabemos que muchos de los clientes de la prostitución eran hombres de clase media y alta, afín a la dictadura, que no sufrieron jamás el hambre, la miseria y la represión que sí sufrieron las mujeres que compraban. Además de ellos, también destacaban colectivos como los militares o los marineros. Teniendo todo esto en mente, no olvidemos que el adulterio masculino era algo socialmente aceptado, mientras que el femenino era considerado delito. 

La doble moral de la dictadura se traducía en un discurso público demoledor contra las prostitutas, que eran el contraejemplo del modelo de mujer decente, esposa, madre piadosa, etc. El calificativo de puta se le colocaba también a aquellas mujeres que se oponían a la dictadura o no acataban las reglas sociales franquistas que pesaban sobre la conducta de las mujeres. 

Pero mientras las prostitutas eran demonizadas, el Régimen se mostraba bastante comprensivo con los puteros. Ninguna sorpresa, pero, bueno, jode. Y, además, lo hacían con argumentos pseudocientíficos:  personajes infames como el psiquiatra fascista Antonio Vallejo-Nájera, conocido como “el Mengele español” se encargaron de dar argumentos al Estado para reprimir con crueldad la prostitución clandestina, solo la clandestina, y poder así mantener a las prostitutas controladas. 

Vallejo-Nájera y otros de su cuerda se encargaron de caracterizar a las prostitutas como “inferiores mentales” y psicópatas. El Estado franquista encontraba así la legitimación para, por ejemplo, encerrar a las prostitutas más problemáticas en las llamadas “Cárceles Especiales para Mujeres Caídas”, donde podían estar hasta dos años sin que mediase un proceso judicial.

Para las prostitutas menores de edad, el franquismo contaba con otra institución, el Patronato de Protección a la Mujer, cuya presidenta honorífica era Carmen Polo, que se dedicaba a recoger a estas chicas para que contaminaran a la sociedad, y de camino, reconducirlas por el camino de la moral católica.

Desde el punto de vista legal, la tolerancia de la prostitución terminó en 1956, cuando el Régimen, que buscaba entonces congraciarse con las democracias capitalistas, la prohibió a través de un decreto-ley que empezaba diciendo lo siguiente:

«La incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mismo derecho natural, ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento jurídico de una nación cristiana, para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer».

Esto era la nueva teoría, pero en la práctica, por supuesto, la prostitución siguió existiendo, aunque el perfil de las prostitutas sí fue cambiando. Parece que hacia los años 70 ya no eran tan comunes las mujeres que se dedicaban exclusivamente a la prostitución y, en cambio, eran más habituales las mujeres que compaginaban la prostitución con otros trabajos. 

Muchas siguieron entrando en las cárceles, y cuando lleguemos a la transición, hablaremos de las feministas se encargarían de reclamar insistentemente la amnistía para ellas.