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Vamos a poner nuestro granito de arena dedicando nuestra intro de hoy a las defensoras medioambientales, mujeres que han sido asesinadas precisamente por eso, por intentar salvar este planeta y los seres que lo habitamos. Nos va a acompañar Sara Curruchich, la primera cantautora indígena guatemalteca en conseguir que sus cantos en kaqchikel, su lengua materna, se escuchen a nivel internacional. Su pueblo, kaqchikel, tiene una larga tradición de arte, resistencia y lucha.
La compañera que nos manda su audio se refiere a Julia del Carmen Chuñil, conocida por su defensa del bosque nativo de la comuna de Máfil -en la región de Los Ríos-. ¿Por qué tenía que defenderlo? ¿Qué lo amenaza? En este caso, la industria maderera. Siempre, siempre, el dinero es lo que está detrás, la ambición de los hombres por acumular más y más dinero. Julia desapareció en noviembre de 2024 y hace pocos días se ha filtrado un audio en el que, según la abogada de la familia de la desaparecida, uno de los sospechosos afirma que Julia fue quemada. El caso, que permanece abierto y en investigación, no es ni mucho menos excepcional.
En 2021 fue asesinada otra activista medioambiental chilena, Javiera Rojas, cuyo cuerpo fue hallado maniatado y con múltiples lesiones. Sus asesinos han sido condenados, pero subsisten muchas dudas sobre quién estuvo realmente detrás del crimen.
Unos años antes, en 2013, apareció ahogada Nicolasa Quintremán. Ella, junto a su hermana Berta, encabezaba el primer movimiento popular chileno en defensa del medio ambiente cuando Endesa anunció la construcción del mega proyecto hidroeléctrico Ralco, en el Alto Biobío. El caso se cerró rápidamente y se catalogó como “accidente”, aun cuando el cuerpo de Nicolasa apareció flotando en las aguas del embalse por el que había luchado.
Otras activistas y defensoras del medioambiente chilenas reconocidas, como Marcela Nieto o Verónica Vilches, vinculadas a la denuncia de la contaminación industrial y a la defensa del uso comunitario del agua, han sido hostigadas o agredidas y sufren constantes amenazas de muerte y de violencia sexual. Y esto sin tener en cuenta otros tipos de activismo: este mismo año se ha denunciado la desaparición de una concejala en Villa Alegre tras denunciar irregularidades en la gestión municipal. Son episodios que apuntan a un patrón alarmante de amenazas, agresiones y asesinatos de mujeres defensoras de sus territorios, particularmente cuando cuestionan el extractivismo industrial y la degradación ambiental.
Los casos que acabo de mencionar son apenas una pequeña muestra, porque solo entre 2023 y 2024 se registraron en Chile más de 80 agresiones a activistas medioambientales.
Por supuesto, este no es solo un problema chileno. Se trata de una triste realidad regional: Latinoamérica se ha convertido, de largo, en la región más letal para quienes defienden sus tierras y sus recursos naturales. Según Global Witness, más de 2.000 defensoras y defensores del medio ambiente fueron asesinadas o desaparecieron entre 2012 y 2023. Solo en 2023 y 2024 ha habido casi 350 asesinatos de activistas medioambientales, y más del 80% de ellos han tenido lugar en Latinoamérica. Colombia se lleva la palma, porque concentra una tercera parte de los casos de todo el mundo, seguida, aunque de lejos, por países como México, Brasil o Guatemala. Fuera de América Latina hay lugares como Filipinas, Indonesia, India, Palestina o Congo donde también se producen asesinatos de activistas, pero ni de lejos se alcanzan las cifras latinoamericanas.
Uno de los casos más mediáticos de los últimos años fue el asesinato de Berta Cáceres, en Honduras, en 2016, líder indígena lenca que encabezó la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Ese mismo año, poco después, también fue asesinada su compañera de lucha Lesbia Urquía.
En México, en 2018, asesinaron a Guadalupe Campanur, defensora del bosque de Cherán (Michoacán). El mismo año, en Perú, mataron a tiros a Olivia Arévalo, sabia indígena shipibo-konibo de 81 años, en un contexto de expansión de la deforestación ilegal, el narcotráfico y la explotación maderera y petrolera en territorios amazónicos. En Colombia, Juana María Perea Plata fue ejecutada en 2020 en Nuquí, muy cerca de una comisaría de policía, después de destacar como opositora al megaproyecto portuario de Tribugá, en el Pacífico colombiano. Y en Brasil, en 2023, fue asesinada Mãe Bernadete, lideresa quilombola de Bahía que se oponía a las explotaciones madereras ilegales.
Esta enumeración es solo la punta del iceberg, claro. La lista de casos es mucho más larga y casi siempre tiene un denominador común: la impunidad de los asesinos y de los agresores. Solo un 10% de los casos de asesinatos de activistas medioambientales en Latinoamérica termina en condena firme. E incluso en aquellos casos en los que los autores materiales del crimen han sido juzgados y condenados, normalmente no se llega a los autores intelectuales. Los vínculos con intereses empresariales y políticos se saben, pero más que no puedan probarse es que no se persiguen. El asesinato de Berta Cáceres es bastante excepcional -ayuda lo mediático que fue-, gracias a esa presión mediática, un coautor intelectual fue condenado, el expresidente ejecutivo de la hidroeléctrica DESA, aunque otros muchos implicados siguen igualmente impunes.
Hablamos de un problema estructural. Un problema que responde al extractivismo capitalista en contextos muy marcados por la corrupción política y judicial, la alta tasa de criminalidad organizada y también el racismo y el clasismo, que están institucionalizados. Y es que más de una tercera parte de los activistas asesinados son miembras y miembros de pueblos indígenas u originarios, que a menudo no son precisamente quienes disponen de más recursos para hacerse oír, para influir sobre los poderes fácticos ni para buscar justicia y reparación, ya sea por la discriminación que padecen, por su pobreza, por la existencia de barreras idiomáticas, etc.
Realmente, las mujeres conforman menos de una cuarta parte del total de activistas medioambientales asesinados. En buena medida porque como pasa en todos los ámbitos, también dentro del ecologismo las posiciones de liderazgo las ocupan con más frecuencia hombres. Sin embargo, si se consideran todos los tipos de violencia contra activistas, las mujeres aparecen sobrerrepresentadas. Para acallarlas, disciplinarlas, amedrentarlas y desmovilizarlas se recurre con frecuencia a la violación en particular y a la violencia sexual en general, a campañas de desprestigio o amenazas a sus familias, etc. Las investigaciones y los datos que hay disponibles sobre este tema muestran que hay patrones específicos de violencia en función del sexo de las activistas.
La mayoría de las activistas ambientales atacadas son personas vinculadas a la defensa de recursos de sus propias comunidades locales, recursos que repercuten directamente en su salud o en su modo de vida y que son amenazados, degradados o destruidos por los intereses económicos de la tala, la minería o la construcción de presas y centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Esto creo que es importante, es decir: no hablamos tanto de mujeres vinculadas a ONG urbanas o a movimientos globales, como de mujeres indígenas y campesinas que se ven enfrentadas a las ambiciones de las grandes redes de poder económico y político.
Existen instancias preocupadas por esta situación y en los últimos años se han dado pasos importantes para intentar corregirla. En 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), el primer tratado ambiental regional para América Latina y el Caribe, que busca garantizar los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental e incluye la protección de las personas defensoras del medioambiente.
En la COP3 celebrada en Santiago de Chile en 2024, los Estados miembros de este Acuerdo aprobaron un Plan de Acción que incorpora una perspectiva en base al sexo e interculturalidad destinada a reforzar la protección específica de las defensoras ambientales, entre otras cuestiones. Sin embargo, la implementación nacional de estos marcos avanza con lentitud y de manera desigual. Las cifras persistentes de víctimas muestran que, por ahora, no están siendo instrumentos eficaces para romper la impunidad ni para garantizar la seguridad de quienes ponen su cuerpo y su vida al servicio del futuro de sus comunidades.
Aprovecho para comentaros que en Radiojaputa somos conscientes de que existe un debate sobre si es adecuado o no usar la palabra “indígena”. Hay grupos que consideran que tiene una carga colonial y, por lo tanto, hay que desecharla y otros que la reivindican y resignifican. Lo ideal es siempre usar el nombre del pueblo concreto al que una se refiere, pero cuando hablamos en general, quizá el término indígena es seguramente el que resulta comprensible para más gente.
En definitiva, amigas: La enorme violencia que hay en Latinoamérica contra los y las activistas medioambientales no es azarosa ni puntual. No es una acumulación de tragedias individuales, sino la consecuencia de un modelo económico y político que sigue tratando la tierra y a quienes la habitan como material desechable. Y es una violencia que tiene, además, un componente étnico, porque se ejerce más contra integrantes de comunidades indígenas. También un componente de clase, porque se ceba contra campesinas y comunidades desfavorecidas) y un claro componente machista, ya que hay formas específicas de violencia contra las mujeres activistas.
REFERENCIAS
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